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El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió este martes una petición al gobierno de México, instándolo a liberar a la líder de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, detenida por fuerzas castrenses en agosto de 2013 y presa desde entonces. Ante la gravedad del caso, el grupo de trabajo ha remitido el expediente a los Relatores de Naciones Unidas en materia de Tortura y de Protección a Defensores de Derechos Humanos.

 

MEXICO VIOLENTO

Los cinco expertos independientes en materia de derechos humanos que conforman el Grupo de Trabajo han estudiado el expediente y las pruebas ofrecidas por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle (Estados Unidos), así como las respuestas del Estado de México. Tras su revisión, sostuvieron que la detención de Salgado es ilegal y arbitraria, su proceso injusto, y por lo tanto exigen su libertad inmediata, así como una “compensación apropiada” por las violaciones a sus derechos.

Hace un año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México proteger la vida e integridad personal de Nestora Salgado, dado el grave deterioro que presentaba su salud, derivado de la falta de tratamiento médico para su diabetes y las complicaciones por una huelga de hambre.

“Estuvimos trabajando más de dos años para demostrar a la ONU que Nestora está viviendo procesos injustos en un claro caso de criminalización de su liderazgo; ahora México debe liberarla inmediatamente”, dijo Alejandra Gonza, abogada de Salgado.

Nestora Salgado fue detenida por fuerzas militares en agosto de 2013 y trasladada al penal de máxima seguridad de Tepic (Nayarit). En este tiempo, las acciones emprendidas por la fiscalía de Guerrero la han mantenido en la cárcel.

Diversas causas judiciales, que van desde varios cargos por secuestro, robo y portación ilegal de armas, han sido abiertas en su contra en estos más de dos años. La defensa y el propio entorno de Salgado han denunciado desde el principio que su encarcelamiento se debe a un ataque por parte del Estado por el trabajo que ejercía como coordinadora de la policía comunitaria de Olinalá.

Sin embargo, el grupo de expertos de la ONU ha remarcado que tanto la ley de Guerrero como la Constitución de México garantizan los derechos de las comunidades indígenas a formar sus propios sistemas de seguridad y justicia. “Nestora jamás contó ni cuenta con un debido proceso, la están juzgando dos veces y está cumpliendo una condena anticipada”, afirmó Ricardo Lagunes Gasca, abogado de derechos humanos que forma parte de su defensa internacional. “México nunca la presumió inocente.”

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