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En la página web de Transparencia Mexicana (TM), capítulo México de Transparency International (TI), se lee: “México, sin avances significativos en el Índice de la Percepción de la Corrupción”. La nota se refiere a la evaluación que anualmente realiza TI de la percepción que en muchos países se tiene sobre ese asunto.
 
Corrupcion en mexico 
 
En esta ocasión, el documento elaborado por TI, intitulado Índice de Percepción de la Corrupción 2014, arroja ingratas “novedades”: De 175 países estudiados, México se ubicó en el lugar 103 (o sea, 103/175) compartiendo ese nada honroso sitio con Bolivia, Moldavia y Níger. El mejor calificado fue, para continuar la costumbre, Dinamarca. De los peores ni me ocupo... no vaya a ser la de malas en 2015.
 
Comparado con socios y competidores económicos, México quedó muy a la zaga: 93 posiciones por debajo de Canadá, 86 por debajo de Estados Unidos, 82 de Chile, y 34 de Brasil. ¿Más malas noticias? El país ocupó el último lugar entre los integrantes de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, es decir, el 34/34 ¡puf! seguramente, el mejor amigo de México entre los miembros de esa organización es el que ocupó la posición 33.
 
Definitivamente, la corrupción es uno de nuestros mayores problemas, y uno de los más comentados. ¡Hasta fracasados políticos como Donald Trump buscan sacar ventaja de la circunstancia mexicana!
 
La necesidad de cambiar el rumbo
 
TM concluye que urge un cambio serio en la estrategia anticorrupción de México (¿había una?). Señala 5 acciones prioritarias:
 
1.Creación de un Sistema Nacional Anticorrupción.
2.Aunado a una fiscalía anticorrupción, se requieren órganos de control, fiscalización e impartición de justicia independientes, que abarquen los tres órdenes de gobierno.
3.Establecer legislación sobre conflicto de interés en los tres poderes y órdenes gubernamentales.
4.Fortalecer el blindaje electoral 2015, pugnando porque todo aspirante a puesto de elección haga públicas tres declaraciones: patrimonial, de impuestos, y de potencial conflicto de intereses.
5.Que las acciones de Gobierno y Parlamento Abierto se conviertan en auténticas prácticas transversales y generales.
 
Parecen propuestas utópicas... aunque... tal vez haciendo caso a esa observación, o quizás porque este año hay elecciones (y la sociedad cobrará facturas a todos esos partidos, candidatos y gobernantes corruptos) fue que, recientemente, en Cámara de Diputados se aprobó el “nuevo” Sistema Nacional Anti-corrupción. Tal vez también por la presión internacional Enrique Peña Nieto revivió un difunto, la Secretaría de la Función Pública (SFP), aunque designó a quien se dice es un incondicional.
 
De esos ajustes ¿puede esperarse algo positivo? A la luz de las evidencias de cómo “se las gastan” los gobernantes y esos políticos que ocupan el Congreso (en su mayoría auténticos vividores del erario), no me congratula la aprobación de este Frankenstein anti-corrupción, ni la rehabilitación de la SFP, pues creo que ambas instancias serán más de lo mismo: “atole con el dedo”.
 
Coincido con muchos mexicanos en que ese terrible cáncer puede extirparse sin que el paciente fallezca. También, en que nada justifica esperar que la solución emane de la élite del poder, cuando es claro que ésta vive encantada con la situación actual. O ¿alguien cree que a gobernantes, autoridades, diputados, senadores, empresarios, o militares corruptos les interesa combatir la corrupción?
 
Para el ciudadano de a pie es difícil tener voz en las decisiones, pero eso no es excusa para dejar de luchar por hacer diferencia; sobre todo, sabiendo que entre funcionarios, legisladores, empresarios, y militares hay quienes desean una patria libre de corrupción e impunidad, y que están dispuestos a ir de la mano con la sociedad organizada en pos del objetivo.
 
¿Qué es la corrupción?
 
Primera condición para resolver un problema es reconocerlo. Muchos hablan sobre el asunto, y aunque parece que a todos queda claro lo que es un acto de corrupción, la pregunta es si todos se refieren a lo mismo. Para la Real Academia Española, consiste en el uso de funciones y medios (públicos, principalmente) en provecho de sus gestores. Para el Fondo Monetario Internacional, es una práctica de abuso del poder público para beneficio privado. Ambas definiciones son orientadoras.
 
Con la advertencia que el fenómeno no es exclusivo del sector público, sino que ocurre también en el sector privado e incluso entre los ciudadanos, es patente que la corrupción más dañina es la que se da al amparo del poder público el que, o bien legaliza (con cambios jurídicos a modo, como parecen ser las “reformas estructurales”), o por lo menos legitima (con exabruptos como, “no te preocupes, Rosario”), prácticas despreciables que lastiman no solamente la vida política y económica de un país, sino la propia reputación de su sociedad. El colmo aparece cuando las verdaderas fuerzas desestabilizadoras afirman que la corrupción es un “asunto cultural”; aunque la cosa ha ido tan lejos que ya la propia iglesia católica ha refutado esa aseveración, al decir que “No es cuestión cultural y de idiosincrasia, es cosa de que la Ley prevalezca”.
 
Catalizadores del problema
 
Vito Tanzi, estudioso de la corrupción en el mundo, enlista algunos factores que contribuyen directamente al fenómeno, a saber:
 
1. Regulaciones y autorizaciones: su existencia otorga un tipo de poder monopólico a los funcionarios encargados de autorizar o inspeccionar las actividades planteadas.
2. Impuestos: cuando los impuestos se sostienen en regulaciones poco claras, al grado de requerirse contacto directo entre los contribuyentes y los recaudadores, hay mayor probabilidad de que surjan actos de corrupción.
3. Decisiones sobre gasto público: ocurre en los altos niveles del sector público, donde se toman las decisiones: Se consuma en los proyectos de inversión, en los gastos de adquisiciones, o en las cuentas extra-presupuestales.
4. Provisión de bienes y servicios a precios por debajo del mercado: los usuarios que desean esos beneficios están dispuestos a pagar una “mordida” por tener acceso (o mayor acceso) a ellos; los cuales, casualmente, son proporcionados por el gobierno (por ejemplo, créditos, agua, electricidad, o servicios de salud).
5. Financiamiento de partidos políticos: los partidos reciben dinero público “controlado”, pero curiosamente a algunos les alcanza para mucho más de lo que debería ser. Dan cuenta de ello, inagotables anuncios en radio, televisión y salas de cine; cantidades enormes de “brigadistas” que promocionan el voto; insólitos “obsequios” a potenciales votantes, etcétera. El caso es que el dinero “no explicado” sale de algún sitio.
 
Trataré con detalle esas formas de corrupción en otra ocasión. Cierro aquí invitando a realizar una reflexión sobre este lacerante problema que nos afecta, y mucho, a todos. Es urgente proponer estrategias novedosas y efectivas para sacar al país de esta situación.
 
@RicSantes

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